Ante el inminente rumbo que el sistema educativo español va a tomar, encuentro necesario analizar los aspectos más destacados de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con la cual se ha creado bastante incertidumbre, entre gran parte de la comunidad educativa, en el terreno de la inclusión educativa (entre otros muchos aspectos).

Existe el convencimiento de que esta nueva ley, más que mejorar la educación, traerá consigo un considerable retroceso en lo que a igualdad, equidad y respeto a las diferencias individuales se refiere. Y es que el gobierno actual pretende poner en práctica una serie de medidas, sin el consenso ni el debate de la comunidad educativa,  con la que acentuar aún más las diferencias y cribar a aquellos alumnos con menos posibilidades, lo cual difiere en gran medida de los principios de la educación para la diversidad y la inclusión educativa.

Es fácil ilustrar esto solo con extraer las ideas principales de la exposición de motivos de esta ley educativa. A continuación se presenta un cuadro comparativo donde puede observarse el considerable cambio de intenciones y principios entre la anterior ley educativa y la LOMCE (esto no significa que la LOE sea la ley ideal, solo pretendo poner de manifiesto el considerable cambio de rumbo).

Además, la LOMCE dicta, para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, que se componga de dos ciclos, uno de tres años académicos y, otro, de carácter propedéutico de un año. En el tercer curso de la etapa, el alumno tendrá que elegir una rama que lo derive al primer ciclo de Formación Profesional o, por otra, que lo conduzca a Bachillerato. Se trata de un camino sin retorno que obliga al alumno a tomar una decisión de la que puede depender el resto de vida académica, dejándolo sin opciones de dar marcha atrás, si así lo creyera oportuno. En lo que a materias se refiere, la plástica pasa a ser materia opcional, la tecnología deja de ser troncal para considerarse como asignatura de modalidad y las matemáticas variarán según el itinerario elegido, pudiéndose entrever la prioridad dada a asignaturas instrumentales en detrimento de otras de carácter humanístico, como ocurren en el caso de la formación ética y ciudadana, favoreciendo un modelo de estudiante que no cuestione demasiado el mundo que le rodea.

El Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el primer ciclo sustituye al Programa de diversificación curricular de la LOE, pudiendo pasar por él, aquellos alumnos que cursen el segundo curso de ESO y no los de tercero y cuarto, como viene siendo hasta ahora, creándose, posiblemente, una nueva vía para la segregación. En cuanto a la promoción del alumno, se mantienen los mismos criterios, pero a la hora de evaluar, el cambio es drástico al establecerse una reválida que, en caso de superarse, dará derecho a la obtención de un título que certifique haber superado la modalidad elegida, por lo que existirán distintas titulaciones dentro de la propia ESO. De nuevo, se intenta clasificar al alumnado con una prueba, realizada por agentes externos al centro donde estudia el alumno, que no contempla el progreso de éste durante los cuatro años de la etapa o las circunstancias personales que lo rodean y puedan condicionar su formación.

La nueva ley recoge claramente el propósito de hacer llegar la educación a todos los estratos de la población por igual. Según el modelo teórico de educación pública actual, la educación debe llegar por igual a todas las familias aunque, creo, esto solo se cumple en aquellas cuyas principales características  giran en torno a la media, a la mayoría o a lo normal. La realidad demuestra cómo los más desfavorecidos, tanto en el sentido socioeconómico como en el físico y mental, se encuentran en situación de desventaja. Minorías étnicas, pobreza o discapacidades, a pesar de los nuevos propósitos, siguen siendo un pesado lastre y otorgan carácter de utópico a la idea de una educación igual para todos.

Ciertamente es pronto para hacer valoraciones referentes a la efectividad de las reformas, aunque sí creo que se posee la suficiente información como para señalar la intención mercantilista de los cambios planteados en esta ley, ya que esta se preocupa más por los intereses económicos que por los educativos. Se configura así, una Educación que atiende las necesidades de las grandes empresas que dominan la economía europea. Una Educación de mercado donde los conocimientos humanísticos quedan relegados a un segundo plano. Se conforma, por tanto, un modelo  basado en la economía, donde tanto profesores como alumnos deberán adaptarse para cumplir con las directrices que, una vez más, nos imponen desde arriba, enfocadas a crear maquinas que produzcan mucho y piensen lo justo. 

Es evidente la situación de alarma e incertidumbre que todas estas medidas traen consigo, pues se pretende establecer cambios importantes que nos hacen dudar seriamente sobre la presunta mejora de la calidad de la enseñanza, pues, más bien, se están dando pasos hacia atrás con grave perjuicio no solo de las nuevas generaciones, sino de la totalidad de la sociedad. También, hay que decir que la LOMCE no recoge medidas que ampare al alumnado con discapacidad, pues se mantiene toda lo relativo a diversidad funcional promulgado en la anterior ley educativa, sin embargo, el resto de medidas que promueve parecen más propias de una carrera de obstáculos pues dificultan el paso por el sistema educativo de todo aquel que no reúne una serie de características en torno a la media poblacional. Con esta ley se aumentarán aún más las diferencias, realizando reválidas o haciendo que los alumnos tomen decisiones sobre su futuro de forma precipitada, sin ofrecerles la posibilidad de reengancharse al sistema educativo tras haber tomado una decisión totalmente condicionada por las características propias de la adolescencia, las cuales no ofrecen la madurez necesaria como para tomar decisiones de tal magnitud.

Sin duda, nuestra sociedad navega por cauces que provocan el nacimiento de nuevas necesidades y, como consecuencia, la obligación de encontrar soluciones que las cubran. Quizás sea época de redefinir y consensuar qué es bueno y malo para nuestros alumnos, qué valores, normas y actitudes pueden crear una sociedad mejor y, por supuesto, qué se entiende por una sociedad mejor. Parece que el sentido de la educación y el de la legislación educativa viajan por caminos distintos, a veces contradictorios, según quien los mire. Creo que es hora de aunar criterios, establecer verdaderos valores éticos y morales, que satisfagan libertedaes y derechos de todos y no las de la ideología política de turno.

La necesidad de redefinir y adaptar a los tiempos que corren valores referentes a una sociedad multicultural, como la nuestra, debería ser prioritaria para aquellos legisladores educativos que, frecuentemente, caen en tendencias mercantilistas y adoctrinantes que, nuevamente, conduciéndonos por caminos equivocados. Aunque, desgraciadamente, cada vez más a menudo, los buenos propósitos cuestan más llevarse a la práctica, siempre quedarán algunos procedentes de buenos maestros, verdaderamente implicados en su labor docente, desde mi punto de vista, la única capaz de salvar esta situación que nos rodea.